La manipulación es un término de uso común para referirse a la costumbre de gran parte de los medios masivos, y de los usuarios de medios sociales, de convertir una mentira repetida en una manera de combatir a los adversarios. Es, por tanto, una mentira abierta, burda, que casi todo el mundo sabe que lo es, pero que se acepta porque el receptor desea identificarse con ella, como cuando Álvaro Uribe acusó a Daniel Samper de "violador de niños".
En términos sociológicos, en cambio, es casi lo contrario. La manipulación mediática consiste precisamente en la promoción de intereses ocultos, no confesados, a través de la promoción de valores supuestamente democráticos. No nos referimos a que los medios están tratando de equiparar el “asesinato” de una estatua o de un bus de Transmilenio, con el asesinato de varios manifestantes por obra de la policía o de civiles armados protegidos por la policía. Nos referimos a que las fuerzas de la ultraderecha están tratando de utilizar las contingencias del paro para hacer realidad dos viejos anhelos: la eliminación de la presencia política de la oposición de izquierda y la privatización de los activos del Estado.
En efecto, el gran debate de los medios es la supuesta lucha contra la corrupción, pero no la de sus propietarios, es decir, los grupos económicos de este país, sino la de los congresistas. En consecuencia, es de buen recibo ambientar una campaña contra el Congreso, proponiendo su eliminación, como lo quieren realmente, o simplemente proponiendo su reducción a la mitad o menos, como lo hace ahora el partido de gobierno.
Por otro lado, con el argumento de la corrupción y del déficit fiscal, se está proponiendo la venta de activos del Estado, es decir, de empresas que son propiedad de todos los ciudadanos, para entregárselas a unos cuantos amigos de este gobierno, o sea, a los bancos u otros menos santos.
Ante la incredulidad frente a las instituciones de las personas abandonadas por el sistema, especialmente de los jóvenes que no ven horizonte, es fácil vender el discurso de cierre del Congreso. El peligro de la propuesta es que quieren todo el poder sin controles y si se reduce el Congreso va a ser muy difícil la representación de la izquierda y, por tanto, de voces anti sistémicas o al menos críticas, aunque sea para denunciar.
La solución, al contrario, podría ser duplicar el número de integrantes, promover un Congreso más amplio, más representativo, más plural y con unos honorarios reducidos a una cuarta o quinta parte, de tal suerte que la curul no se convierta en una empresa sino en una representación y un trabajo legislativo, no una actividad de negocios.
En relación con la segunda propuesta, el peligro es que la privatización se hará primero que todo en favor de los capitales ávidos de valorización y rentabilidad, dado que en el mundo hay ahora un exceso de liquidez y se buscan oportunidades de inversión. Pero, por otro lado, también hay grandes capitales ávidos de ser blanqueados, y esta es una oportunidad. Además, no resuelve el problema del déficit, pues la privatización genera ingresos una sola vez mientras que los gastos del Estado son corrientes o permanentes.
En síntesis, lograr al mismo tiempo la eliminación de la oposición y la apropiación del patrimonio del Estado pueden ser los objetivos ocultos de la campaña anticorrupción y anti Congreso de los medios.