El asunto
La
convocatoria 693 de 2013 de Colciencias ha generado reacciones de opinión, sobre
todo entre los académicos, las cuales suscitan algunas reflexiones[1].
Equívocos e inconsistencias
Una serie de equívocos y
de inconsistencias —no siempre ignorados por sus agentes— hace impreciso el contorno
del debate. Algunos de estos puntos son los siguientes (no es una clasificación
rigurosa ni exhaustiva):
·
Creer que la precariedad de los recursos para ciencia
y tecnología se atenúa con medidas administrativas.
·
Creer que los proyectos científicos son iguales a
los de desarrollo.
·
Creer que intervenir es igual a comprender.
·
Pedir financiación pública, pero oponerse a la
evaluación de los poderes públicos.
·
Oponerse, de palabra, a la medición de grupos de
Colciencias y a la acreditación de universidades del Ministerio de Educación Nacional (MEN),
pero atender a las convocatorias y someterse a los resultados.
·
Desafiar una lógica administrativa con una lógica
académica.
·
Denunciar el modelo de medición, pero no enfrentar
el proyecto político al que corresponde.
·
Delegar la evaluación en ente privado con conflicto
de intereses.
·
Promover el modelo de gestión privada en la universidad
pública, con las mismas exigencias académicas para la universidad privada.
·
Confundir el campo científico con lo que los
profesores buscan acreditar ante sus universidades y ante Colciencias.
Pero, ¿se trata de aclarar esos puntos? No parece
suficiente, toda vez que gracias a las discusiones poco claras también se
reproducen las estructuras sociales y pasan de agache las agendas particulares,
así sea a nombre de los grandes propósitos.
Diversidad de aspectos
Nos
parece que hay, al menos, cuatro aspectos que convergen en la discusión:
administración, academia, ciencia y tecnología (aplicación). Ahora bien, el
hecho de estar relacionados, no elimina sus diferencias específicas; es más: ignorar
sus diferencias, a nombre de —o en supuesto beneficio de— la relación, es una
de las causas de los equívocos y de las inconsistencias. Además, estas diferentes
especificidades ganan legitimidad en su nivel de operación, mediante mecanismos
propios; pero, querer hacer valer una legitimidad en otro nivel de análisis es
también causa de equívoco e inconsistencia.
a) La administración. Instituciones que,
como tales o a través de alguna dependencia interna, administran los recursos
destinados a la investigación. Por ejemplo: Colciencias, ICFES, MEN, Planeación
Nacional, concejos municipales (reparten regalías entre proyectos, muchos de
ellos llamados de investigación), IDEP (financia investigaciones en el DC),
Universidades, etc. Esto no quiere decir que cualquier manera de administración
sea admisible, sino sencillamente que hay administración. Ahora bien, no hay
administración neutra: por supuesto que podemos discutir la perspectiva con la
que se administran los recursos, pero eso no borra el hecho de que tengan que
ser administrados y que alguna instancia ha de encargarse de ello, así sea un
comité de investigadores (cuando los mismos investigadores administran los
recursos, pues igualmente tenemos las dos funciones, sólo que en las mismas
personas).
b) La academia. Personas (como los
profesores universitarios) que se ocupan de producir documentos con arreglo a una
serie de condiciones, entre las que estarían, al menos, las de orden teórico, instrumental,
político, social, institucional, epocal, económico, grupal, personal... Estos
productos tienen alguna relación con el campo de la ciencia, que habría que
establecer en cada caso, y que va desde la producción de saber, pasando por diversas
formas de recontextualización, hasta la mimetización con el discurso político
de moda. De un tiempo para acá, por ejemplo, los documentos de política social
vienen respaldados —cuando no producidos— por académicos reconocidos. En este
campo se instaura una jerarquía (como
la de Colciencias, cuando habla de investigadores senior, asociado y junior) que no tiene que ver con la
ciencia, sino con el sistema de distribución y que, no obstante, los académicos
interesados en esa carrera, no sólo aceptan, sino que también se mueven para
promoverse en ella y, así, tener los privilegios que ello implica. Algo, como
hemos dicho, legítimo en su nivel. Como se ve, la academia no necesariamente coincide
con el campo de producción de conocimiento. Así sean las mismas personas
quienes producen conocimiento y quienes obran en la “academia”, se trata de
especificidades distintas. La academia puede quedar más del lado del interés
que del lado del desinterés.
c) La ciencia. Productos que se rigen por las
gramáticas respectivas de las disciplinas. Ahora bien, hay una serie de
personas que pueden encarnar esa gramática, lo cual no implica que todos sus
productos se rijan por ella, o que su trabajo principal gire en torno a ese
tipo de producto, o que en todo momento esté a la altura de esa gramática. De
otro lado, los productos están sometidos a un juicio de pertenencia o no al
campo, aplicado por quienes se disputan en ese campo (al mismo tiempo, los
académicos pueden estar haciendo otro tipo de juicio sobre los mismo productos).
Y, finalmente, esa gramática también está en pugna, a condición de manejarla;
otras gramáticas pujan, en sentido lógico, por imponerse. Como se ve, no se
trata de un campo de personas, aunque está encarnado en personas. Esto hace que
se suela confundir las pugnas de los que intentan producir conocimiento, con
las pugnas por los enunciados y sus gramáticas en un campo disciplinar.
d) La tecnología. Los resultados pueden ser utilizados, aplicados. Sin embargo, las
utilizaciones muchas veces eran impredecibles al momento de investigar y, así mismo,
los logros habrían sido imposibles de haber tenido tales aspiraciones en la
mira. Para modelar, la disciplina selecciona unos asuntos y desecha otros; la aplicación, en cambio, aunque se base en esos modelos,
selecciona y desecha con otros criterios, porque está exigida desde otros
intereses.
Colciencias
Como
Departamento Administrativo encargado de los asuntos denominados “de ciencia y tecnología”,
Colciencias es una entidad del Estado central, con rango de Ministerio, pero de
carácter técnico. Aquí ‘técnico’ no significa experto en asuntos científicos
sino en administración de los recursos económicos destinados a lo que el Estado
llama “ciencia y tecnología”.
Colciencias administra recursos, con ciertos
intereses, por supuesto. Y no nos referimos solamente a los intereses
explícitos (el “desarrollo del país”, por ejemplo), sino también a los
intereses que encarna, independientemente de que sus agentes lo sepan, o de que
los críticos los identifiquen. Ahora bien, podemos objetar esos intereses, pero
una objeción administrativa no es una objeción académica, ni científica... Claro
que la administración afecta las posibilidades de la investigación (no es el momento
para discutir qué tipo de investigación), pero en ningún caso puede afectar la
gramática de una disciplina. Hay cosas de la administración que no pueden no
estar; hay otras que sobran (en nuestro caso, sí que hay de esto); y hay otras
que pueden mejorar. La mezcla de estas tres modalidades es la que da lugar a la
inserción de todo tipo de intereses, no propiamente administrativos o
investigativos. Una crítica ciega bota el agua sucia con el bebé, pues ataca lo
necesario de la administración, a nombre de atacar lo excesivo, lo infundado,
lo interesado en un sentido que no coincide con sus intereses.
Aparentemente,
todos tendríamos que estar de acuerdo con la calidad, la excelencia y con cualquiera
de esos nombres rimbombantes que se acuñan desde la tecnocracia y el
empresariado para justificar simples medidas de control y de cuantificación que
permitan mostrar resultados numéricos, de cara a la suscripción de acuerdos
internacionales o simplemente de cara a la cuantofrenia de la época. Ojalá Colciencias
persiguiera la calidad y acabara con tanta cháchara. El problema es que
Colciencias misma creó el maremágnum que ahora se propone cambiar, como si ella
no hubiera hecho nada. Como decimos en otra parte a propósito de la tal ‘calidad’: cualquier
ignorante, blandiendo un formato, preferiblemente en línea, poco funcional, se
convierte en evaluador de la calidad de la producción académica en las
universidades. Sin embargo, un dependiente, que tiene que dar
cuenta de que la cosa funcione, si no sabe nada, no tiene otra alternativa que
blandir un formato.
Desafortunadamente,
esto no refleja un interés ni por la calidad de la educación, ni por la
transparencia sobre los recursos públicos, ni por la eficiencia de la
administración pública, ni por una práctica de buen gobierno, ni ninguna de
esas fábulas. El asunto de Colciencias es de administración. Y en
ese campo, quien pone la plata se toma el derecho a decir cómo se la gasta.
Ahora bien, se puede luchar para que las decisiones administrativas estén más
relacionadas con la especificidad de la producción de conocimiento… pero eso ya
es política. “Pero esos recursos son públicos”... sí, pero también es cierto
que hay un gobierno para administrar los recursos públicos; “pero ese gobierno
no hace buen uso de esos recursos”... sí, pero entonces, hay que luchar en la
escena política para tener un gobierno que los administre como nosotros
queremos, y esa escena está competida, pues hay otros que quieren administrar
esos recursos con arreglo a un modelo que no coincide con el nuestro.
Mientras tanto, hay que denunciar el hecho de que
se cambien las reglas de juego para disminuir los puntajes, pues se cambian a
posteriori, para que los resultados obtenidos hasta ahora por los
investigadores queden anulados y puedan ser descalificados. En efecto, ¿cómo íbamos
a saber hace cinco o diez años que se nos iba a pedir una constancia de tal o
cual manera, unas memorias en tal o cual formato, de la ponencia que
presentamos en un evento académico? En todo caso, si se trata de recuperar esa
memoria esa es tarea institucional de la entidad interesada, que debe ser
asumida con la colaboración de las instituciones académicas y no una manera de
defenestrar el trabajo de los investigadores por no tener manera de allegar
soportes inexistentes o imposibles de recuperar como empresa personal. Eso es
mala administración, al servicio de la disminución del gasto. Obsérvese que ahí
no se involucra el asunto del que tratan esas investigaciones, la manera como lo
hacen, etc., porque ese juicio no lo hace Colciencias.
Pero, ¿qué reclamamos
administrativamente?, ¿la calidad?, ¿la claridad en los procedimientos? Si una
medida arbitraria nos hubiera beneficiado, ¿también protestaríamos?, ¿o estaríamos
contentos y callados? Si las medidas son improvisadas, la entidad tendrá que
hacer cambios recurrentemente y no podrá medir las implicaciones (aunque, en el
camino, haga ahorro fiscal). Si aprendemos de eso, tendríamos que saber que, lo
que se presenta como “ahora sí tenemos la buena manera”, no será más que otra
razón para hacer modificaciones mañana.
Finalmente, en Colciencias priman los criterios
extra-académicos porque se trata de un campo no académico, aunque tenga vínculo
con la producción de conocimiento. Y podría ser distinto, sí, pero no se logra
cambiarlo con argumentos del campo del saber, pues el saber allí queda
subordinado a la dimensión política. Para cambiar esta situación, no sólo tendríamos que acuñar buenos argumentos, sino
también configurar una fuerza que implique tener que ser escuchados. Pero, por
ejemplo, la iniciativa de retirarse del sistema de medición de Colciencias
—medida política— no es acogida por muchos académicos, con lo que se legitima
dicho sistema, a nombre, por ejemplo, de sostener los procesos de acreditación
(¡como si éstos no fueran también dignos de debate!).
La piñata de las
regalías
Con
argumentos de participación y descentralización, se está dando un festín
politiquero, una “piñata de las regalías” (como la ha llamado el profesor Jorge
Iván González)[2], que confunde proyectos de
investigación con proyectos de intervención local. Pero, si allá y acá se usa la expresión “proyecto”,
eso es producto de una manera de administrar lo social que se ha impuesto. ¿Qué
prácticas subyacen a uno y otro campo? Del uso de la misma palabra no podríamos
inferir un mismo campo.
Entre
las necesidades regionales y la investigación científica podrían establecerse
proximidades, pero habría que explicar cuáles y cómo son posibles, pues se
trata de campos diferentes. Por ejemplo:
·
Las necesidades regionales son contextuales y se definen en torno a los
intereses (cualesquiera que ellos sean) de comunidades y políticos con
injerencia en el asunto; es decir: se trata de un escenario político. En cambio,
las necesidades de la investigación científica, se definen en su propio campo, mediante
mecanismos propios de conformación y reconocimiento, que no tienen por qué
coincidir con los de la época ni con los de los académicos.
·
Los proyectos de inversión son objeto de la rapiña regional de los
politiqueros (así, pelear contra esto es enfrentar el sistema de
contratación del Estado más una corrupción, reducida o no a sus justas
proporciones, como diría el expresidente Turbay). En cambio, el interés del
campo científico es, paradójicamente, un “desinterés” inherente al horizonte de
universalización del conocimiento.
·
Las decisiones políticas, sobre todo locales, tienen urgencias y
pretensiones de muy corto plazo; esta dimensión temporal no coincide con la
dinámica de la investigación científica, cuyo tempo es interno.
·
Las necesidades regionales aplican a lo particular, en el corto plazo. La
investigación científica aplica a lo universal, en el largo plazo (lo que no le
impide hablar de lo particular; al contrario: es esto lo que le permite hablar,
de cierta forma, sobre lo particular).
·
Como las necesidades regionales se rigen por la idea de ejecución del
presupuesto (a riesgo de penalización), los proyectos pueden carecer de conexión.
En cambio, el campo científico se conecta por la relación que las
investigaciones tienen con lo aprendido en el campo respectivo, así como con la
gramática concomitante, lo cual trasciende tiempo y espacio.
·
Los recursos, en el primer caso, aplican a insumos muchas veces de alto
costo, y están sometidos a rapiña. En la ciencia, hay diferentes necesidades de
recursos: hay ciertos sectores de la ciencia que requieren una fuerte inversión
que el país no parece estar dispuesto a asumir, dados ciertos lugares asumidos
en lo geopolítico.
Las universidades
Las universidades del país
están bajo la vigilancia, inspección, etc., del MEN. Las públicas también
dependen financieramente de él. Una de las principales exigencias actuales del
MEN a las Universidades es la Acreditación de Alta Calidad. Dicha acreditación
depende, de manera crítica, de los grupos de investigación clasificados en
Colciencias y avalados por las Universidades.
Al
mismo tiempo, la acreditación influye decisivamente en la transferencia de
recursos de la Nación a las universidades públicas, por lo que la clasificación
de Colciencias amenaza sus ingresos; por otro lado, el reconocimiento de la
producción de los académicos, depende de la publicación en las revistas
clasificadas en Colciencias como ‘científicas y tecnológicas’, ya sea de
Colombia u homologadas de otro país. Los académicos, en cuanto profesores de
carrera, somos funcionarios, asalariados, con todas las consecuencias; en cuanto
investigadores, se supone que actuamos como profesionales liberales, diríase,
por honorarios. Sin embargo, debido a la figura del profesor-investigador, los
honorarios se vuelven factor salarial. Así, entre más reconocimiento tenga la
producción de un profesor, más aumentará su salario y, por tanto, esto
constituye una amenaza para los gastos de funcionamiento de las universidades.
O sea que entre menos reconocimiento por parte de Colciencias, menos egresos
para la universidad por remuneración de los profesores, pero también menos
ingresos del Estado.
Como
se ve, aquí las lógicas administrativas de Colciencias y del MEN parecen
contradecirse pero, finalmente, coinciden en afectar negativamente la
financiación estatal de la universidad.
Tenemos
una historia, que en Colombia tiene más de 400 años, de relaciones entre la
Universidad y el poder. En esta lógica, priman los criterios extraacadémicos
frente a los intereses académicos. Esa historia tiene por lo menos tres hitos:
frente a la Iglesia, frente al Estado (más exactamente frente la
instrumentalización partidista del Estado) y frente al capital.
a)
La primera lucha se dio ya en tiempos de la Colonia, cuando el naturalista
Mutis tuvo que enfrentar una acusación de herejía proveniente de los dominicos por
atreverse a defender el sistema copernicano, que era lo válido en términos
científicos, contra la concepción escolástica ptolemaica que todavía defendían éstos,
pero quienes además de no tener la competencia académica de Mutis, tenían el
poder de otorgar títulos y, en última instancia, de enviar al hereje a la
hoguera. En esto, aunque parezca extraño, el científico estuvo acompañado por
el virrey de la época, o sea por el Estado.
b) Manuel
Ancízar hubo de defender a la Universidad Nacional, en sus primeros años de
existencia, contra la intromisión de los gobiernos radicales, los cuales
querían convertirla en una fábrica de liberales, no en un centro de formación
académica; con ello, la ciencia y el pensamiento filosófico pasaban a segundo plano
frente al adoctrinamiento. Desde luego, la historia se repitió pero en sentido
contrario a partir de la Regeneración y la hegemonía conservadora, así como
durante la Violencia con la restauración conservadora.
c) Hoy
la lucha es entre el capital privado y la tradición académica, mediante una
intervención disfrazada de tecnocracia, pero que, en realidad, pretende
convertir la educación superior en una fuente de ingresos del capital
financiero, utilizando la propia universidad privada para tales propósitos,
pues no se sabe con qué derecho una de las entidades que debe ser evaluada,
como la Universidad de los Andes, es la evaluadora de las demás universidades. La evaluación de la
Universidad pública y privada por parte de una universidad privada, que podría
parecer autónoma, en realidad es incestuosa, pues se trata de mostrar las
ventajas de su propio modelo.
Tenemos así tres casos de confusión de intereses. Claro que esto es parte de
una historia más larga: en Colombia no hay Alma Mater, por tanto, la evaluación
académica de las universidades no la han hecho los mismos académicos, sino
instituciones externas como la Iglesia, la Secretaría de Gobierno, el Icfes y, ahora, Colciencias y la
universidad privada, es decir, el capital. Sin embargo, ¿cómo pedir que otro financie la
educación pública, pero que no la evalúe, que no pida cuentas de lo que ocurre,
que no quiera ahorrar gastos? Nuestros resultados educativos, ¿son argumentos
fuertes ante el gobierno para que le luzca importante financiar la educación
pública?
“Los sabios juzgan
a los sabios”
No se puede decir que “El campo científico y
académico se conformó bajo la premisa de la Royal Society de Inglaterra”.
Podríamos decirlo de la idea de “comunidad académica”, pero no acerca de la
idea de “campo científico”, cuya especificidad no tiene que ver con
declaraciones explícitas, sino con determinaciones de hecho, muchas veces (¿la
mayoría?) distantes de las que declaran los individuos mismos que investigan.
“Los sabios juzgan a los sabios” es un criterio de
campo científico. No para decirle al que no es sabio que no tiene derecho a
evaluarlos (eso ya no sería el campo científico, sino el académico), sino
porque de hecho solamente el que sabe matemáticas puede saber
si el teorema está bien demostrado. En efecto, en relación con Mutis, habría
que hablar, de un lado, de sus pares (por el lado del campo científico); y, de
otro lado, de sus contrincantes en términos sociales y políticos. Si los dominicos
conocieran teóricamente a Ptolomeo, habría habido una discusión, no una
acusación de herejía.
Hay que liberarse de la cienciometría, pero ¿cómo? Los
académicos reaccionamos porque se nos tocan intereses; los productores de
conocimiento podrían, al contrario, estar contentos de que se depure la lista
de supuestos investigadores. Si nos evaluaran, no con un formato y sin
necesidad de leer, sino leyendo los informes, ¿no nos defenestrarían, ya no por
asuntos formales, sino por asuntos propiamente científicos? Como dice
Shakespeare: si se castigara a quienes lo merecen, ¿quién se salvaría?
Para cerrar, volvamos al principio: el mayor equívoco es el de los académicos que queremos denunciar el modelo de medición del gobierno, pero sin enfrentar el proyecto político al que corresponde. Las agendas personales están cada vez más presentes y nos dan cada vez menos vergüenza.
[1] Es el problema planteado, como
ejemplo, por los colegas del grupo de interculturalidad
(http://www.thepetitionsite.com/215/410/230/suspensin-de-la-convocatoria-693-de-colciencias/?taf_id=13366607&cid=fb_na#), todos ellos con suficiente trayectoria en el campo académico y científico del país.
(http://www.thepetitionsite.com/215/410/230/suspensin-de-la-convocatoria-693-de-colciencias/?taf_id=13366607&cid=fb_na#), todos ellos con suficiente trayectoria en el campo académico y científico del país.
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