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jueves, 14 de mayo de 2015

¿Ciencia, academia, administración?... ¿Y el proyecto político?


El asunto


     La convocatoria 693 de 2013 de Colciencias ha generado reacciones de opinión, sobre todo entre los académicos, las cuales suscitan algunas reflexiones[1].


Equívocos e inconsistencias


     Una serie de equívocos y de inconsistencias —no siempre ignorados por sus agentes— hace impreciso el contorno del debate. Algunos de estos puntos son los siguientes (no es una clasificación rigurosa ni exhaustiva):

·            Creer que la precariedad de los recursos para ciencia y tecnología se atenúa con medidas administrativas.
·            Creer que los proyectos científicos son iguales a los de desarrollo.
·            Creer que intervenir es igual a comprender.
·            Pedir financiación pública, pero oponerse a la evaluación de los poderes públicos.
·            Oponerse, de palabra, a la medición de grupos de Colciencias y a la acreditación de universidades del Ministerio de Educación Nacional (MEN), pero atender a las convocatorias y someterse a los resultados.
·            Desafiar una lógica administrativa con una lógica académica.
·            Denunciar el modelo de medición, pero no enfrentar el proyecto político al que corresponde.
·            Delegar la evaluación en ente privado con conflicto de intereses.
·            Promover el modelo de gestión privada en la universidad pública, con las mismas exigencias académicas para la universidad privada.
·            Confundir el campo científico con lo que los profesores buscan acreditar ante sus universidades y ante Colciencias.

     Pero, ¿se trata de aclarar esos puntos? No parece suficiente, toda vez que gracias a las discusiones poco claras también se reproducen las estructuras sociales y pasan de agache las agendas particulares, así sea a nombre de los grandes propósitos.


Diversidad de aspectos


     Nos parece que hay, al menos, cuatro aspectos que convergen en la discusión: administración, academia, ciencia y tecnología (aplicación). Ahora bien, el hecho de estar relacionados, no elimina sus diferencias específicas; es más: ignorar sus diferencias, a nombre de —o en supuesto beneficio de— la relación, es una de las causas de los equívocos y de las inconsistencias. Además, estas diferentes especificidades ganan legitimidad en su nivel de operación, mediante mecanismos propios; pero, querer hacer valer una legitimidad en otro nivel de análisis es también causa de equívoco e inconsistencia.

a) La administración. Instituciones que, como tales o a través de alguna dependencia interna, administran los recursos destinados a la investigación. Por ejemplo: Colciencias, ICFES, MEN, Planeación Nacional, concejos municipales (reparten regalías entre proyectos, muchos de ellos llamados de investigación), IDEP (financia investigaciones en el DC), Universidades, etc. Esto no quiere decir que cualquier manera de administración sea admisible, sino sencillamente que hay administración. Ahora bien, no hay administración neutra: por supuesto que podemos discutir la perspectiva con la que se administran los recursos, pero eso no borra el hecho de que tengan que ser administrados y que alguna instancia ha de encargarse de ello, así sea un comité de investigadores (cuando los mismos investigadores administran los recursos, pues igualmente tenemos las dos funciones, sólo que en las mismas personas).

b) La academia. Personas (como los profesores universitarios) que se ocupan de producir documentos con arreglo a una serie de condiciones, entre las que estarían, al menos, las de orden teórico, instrumental, político, social, institucional, epocal, económico, grupal, personal... Estos productos tienen alguna relación con el campo de la ciencia, que habría que establecer en cada caso, y que va desde la producción de saber, pasando por diversas formas de recontextualización, hasta la mimetización con el discurso político de moda. De un tiempo para acá, por ejemplo, los documentos de política social vienen respaldados —cuando no producidos— por académicos reconocidos. En este campo se instaura una jerarquía (como la de Colciencias, cuando habla de investigadores senior, asociado y junior) que no tiene que ver con la ciencia, sino con el sistema de distribución y que, no obstante, los académicos interesados en esa carrera, no sólo aceptan, sino que también se mueven para promoverse en ella y, así, tener los privilegios que ello implica. Algo, como hemos dicho, legítimo en su nivel. Como se ve, la academia no necesariamente coincide con el campo de producción de conocimiento. Así sean las mismas personas quienes producen conocimiento y quienes obran en la “academia”, se trata de especificidades distintas. La academia puede quedar más del lado del interés que del lado del desinterés.

c) La ciencia. Productos que se rigen por las gramáticas respectivas de las disciplinas. Ahora bien, hay una serie de personas que pueden encarnar esa gramática, lo cual no implica que todos sus productos se rijan por ella, o que su trabajo principal gire en torno a ese tipo de producto, o que en todo momento esté a la altura de esa gramática. De otro lado, los productos están sometidos a un juicio de pertenencia o no al campo, aplicado por quienes se disputan en ese campo (al mismo tiempo, los académicos pueden estar haciendo otro tipo de juicio sobre los mismo productos). Y, finalmente, esa gramática también está en pugna, a condición de manejarla; otras gramáticas pujan, en sentido lógico, por imponerse. Como se ve, no se trata de un campo de personas, aunque está encarnado en personas. Esto hace que se suela confundir las pugnas de los que intentan producir conocimiento, con las pugnas por los enunciados y sus gramáticas en un campo disciplinar.

d) La tecnología. Los resultados pueden ser utilizados, aplicados. Sin embargo, las utilizaciones muchas veces eran impredecibles al momento de investigar y, así mismo, los logros habrían sido imposibles de haber tenido tales aspiraciones en la mira. Para modelar, la disciplina selecciona unos asuntos y desecha otros; la aplicación, en cambio, aunque se base en esos modelos, selecciona y desecha con otros criterios, porque está exigida desde otros intereses.


Colciencias


     Como Departamento Administrativo encargado de los asuntos denominados “de ciencia y tecnología”, Colciencias es una entidad del Estado central, con rango de Ministerio, pero de carácter técnico. Aquí ‘técnico’ no significa experto en asuntos científicos sino en administración de los recursos económicos destinados a lo que el Estado llama “ciencia y tecnología”.
     Colciencias administra recursos, con ciertos intereses, por supuesto. Y no nos referimos solamente a los intereses explícitos (el “desarrollo del país”, por ejemplo), sino también a los intereses que encarna, independientemente de que sus agentes lo sepan, o de que los críticos los identifiquen. Ahora bien, podemos objetar esos intereses, pero una objeción administrativa no es una objeción académica, ni científica... Claro que la administración afecta las posibilidades de la investigación (no es el momento para discutir qué tipo de investigación), pero en ningún caso puede afectar la gramática de una disciplina. Hay cosas de la administración que no pueden no estar; hay otras que sobran (en nuestro caso, sí que hay de esto); y hay otras que pueden mejorar. La mezcla de estas tres modalidades es la que da lugar a la inserción de todo tipo de intereses, no propiamente administrativos o investigativos. Una crítica ciega bota el agua sucia con el bebé, pues ataca lo necesario de la administración, a nombre de atacar lo excesivo, lo infundado, lo interesado en un sentido que no coincide con sus intereses.
     Aparentemente, todos tendríamos que estar de acuerdo con la calidad, la excelencia y con cualquiera de esos nombres rimbombantes que se acuñan desde la tecnocracia y el empresariado para justificar simples medidas de control y de cuantificación que permitan mostrar resultados numéricos, de cara a la suscripción de acuerdos internacionales o simplemente de cara a la cuantofrenia de la época. Ojalá Colciencias persiguiera la calidad y acabara con tanta cháchara. El problema es que Colciencias misma creó el maremágnum que ahora se propone cambiar, como si ella no hubiera hecho nada. Como decimos en otra parte a propósito de la tal ‘calidad’: cualquier ignorante, blandiendo un formato, preferiblemente en línea, poco funcional, se convierte en evaluador de la calidad de la producción académica en las universidades. Sin embargo, un dependiente, que tiene que dar cuenta de que la cosa funcione, si no sabe nada, no tiene otra alternativa que blandir un formato.
     Desafortunadamente, esto no refleja un interés ni por la calidad de la educación, ni por la transparencia sobre los recursos públicos, ni por la eficiencia de la administración pública, ni por una práctica de buen gobierno, ni ninguna de esas fábulas. El asunto de Colciencias es de administración. Y en ese campo, quien pone la plata se toma el derecho a decir cómo se la gasta. Ahora bien, se puede luchar para que las decisiones administrativas estén más relacionadas con la especificidad de la producción de conocimiento… pero eso ya es política. “Pero esos recursos son públicos”... sí, pero también es cierto que hay un gobierno para administrar los recursos públicos; “pero ese gobierno no hace buen uso de esos recursos”... sí, pero entonces, hay que luchar en la escena política para tener un gobierno que los administre como nosotros queremos, y esa escena está competida, pues hay otros que quieren administrar esos recursos con arreglo a un modelo que no coincide con el nuestro.
     Mientras tanto, hay que denunciar el hecho de que se cambien las reglas de juego para disminuir los puntajes, pues se cambian a posteriori, para que los resultados obtenidos hasta ahora por los investigadores queden anulados y puedan ser descalificados. En efecto, ¿cómo íbamos a saber hace cinco o diez años que se nos iba a pedir una constancia de tal o cual manera, unas memorias en tal o cual formato, de la ponencia que presentamos en un evento académico? En todo caso, si se trata de recuperar esa memoria esa es tarea institucional de la entidad interesada, que debe ser asumida con la colaboración de las instituciones académicas y no una manera de defenestrar el trabajo de los investigadores por no tener manera de allegar soportes inexistentes o imposibles de recuperar como empresa personal. Eso es mala administración, al servicio de la disminución del gasto. Obsérvese que ahí no se involucra el asunto del que tratan esas investigaciones, la manera como lo hacen, etc., porque ese juicio no lo hace Colciencias.
     Pero, ¿qué reclamamos administrativamente?, ¿la calidad?, ¿la claridad en los procedimientos? Si una medida arbitraria nos hubiera beneficiado, ¿también protestaríamos?, ¿o estaríamos contentos y callados? Si las medidas son improvisadas, la entidad tendrá que hacer cambios recurrentemente y no podrá medir las implicaciones (aunque, en el camino, haga ahorro fiscal). Si aprendemos de eso, tendríamos que saber que, lo que se presenta como “ahora sí tenemos la buena manera”, no será más que otra razón para hacer modificaciones mañana.
     Finalmente, en Colciencias priman los criterios extra-académicos porque se trata de un campo no académico, aunque tenga vínculo con la producción de conocimiento. Y podría ser distinto, sí, pero no se logra cambiarlo con argumentos del campo del saber, pues el saber allí queda subordinado a la dimensión política. Para cambiar esta situación, no sólo  tendríamos que acuñar buenos argumentos, sino también configurar una fuerza que implique tener que ser escuchados. Pero, por ejemplo, la iniciativa de retirarse del sistema de medición de Colciencias —medida política— no es acogida por muchos académicos, con lo que se legitima dicho sistema, a nombre, por ejemplo, de sostener los procesos de acreditación (¡como si éstos no fueran también dignos de debate!).


La piñata de las regalías


     Con argumentos de participación y descentralización, se está dando un festín politiquero, una “piñata de las regalías” (como la ha llamado el profesor Jorge Iván González)[2], que confunde proyectos de investigación con proyectos de intervención local. Pero, si allá y acá se usa la expresión “proyecto”, eso es producto de una manera de administrar lo social que se ha impuesto. ¿Qué prácticas subyacen a uno y otro campo? Del uso de la misma palabra no podríamos inferir un mismo campo.
     Entre las necesidades regionales y la investigación científica podrían establecerse proximidades, pero habría que explicar cuáles y cómo son posibles, pues se trata de campos diferentes. Por ejemplo:

·            Las necesidades regionales son contextuales y se definen en torno a los intereses (cualesquiera que ellos sean) de comunidades y políticos con injerencia en el asunto; es decir: se trata de un escenario político. En cambio, las necesidades de la investigación científica, se definen en su propio campo, mediante mecanismos propios de conformación y reconocimiento, que no tienen por qué coincidir con los de la época ni con los de los académicos.
·            Los proyectos de inversión son objeto de la rapiña regional de los politiqueros (así, pelear contra esto es enfrentar el sistema de contratación del Estado más una corrupción, reducida o no a sus justas proporciones, como diría el expresidente Turbay). En cambio, el interés del campo científico es, paradójicamente, un “desinterés” inherente al horizonte de universalización del conocimiento.
·            Las decisiones políticas, sobre todo locales, tienen urgencias y pretensiones de muy corto plazo; esta dimensión temporal no coincide con la dinámica de la investigación científica, cuyo tempo es interno.
·            Las necesidades regionales aplican a lo particular, en el corto plazo. La investigación científica aplica a lo universal, en el largo plazo (lo que no le impide hablar de lo particular; al contrario: es esto lo que le permite hablar, de cierta forma, sobre lo particular).
·            Como las necesidades regionales se rigen por la idea de ejecución del presupuesto (a riesgo de penalización), los proyectos pueden carecer de conexión. En cambio, el campo científico se conecta por la relación que las investigaciones tienen con lo aprendido en el campo respectivo, así como con la gramática concomitante, lo cual trasciende tiempo y espacio.
·            Los recursos, en el primer caso, aplican a insumos muchas veces de alto costo, y están sometidos a rapiña. En la ciencia, hay diferentes necesidades de recursos: hay ciertos sectores de la ciencia que requieren una fuerte inversión que el país no parece estar dispuesto a asumir, dados ciertos lugares asumidos en lo geopolítico.


Las universidades


     Las universidades del país están bajo la vigilancia, inspección, etc., del MEN. Las públicas también dependen financieramente de él. Una de las principales exigencias actuales del MEN a las Universidades es la Acreditación de Alta Calidad. Dicha acreditación depende, de manera crítica, de los grupos de investigación clasificados en Colciencias y avalados por las Universidades.
     Al mismo tiempo, la acreditación influye decisivamente en la transferencia de recursos de la Nación a las universidades públicas, por lo que la clasificación de Colciencias amenaza sus ingresos; por otro lado, el reconocimiento de la producción de los académicos, depende de la publicación en las revistas clasificadas en Colciencias como ‘científicas y tecnológicas’, ya sea de Colombia u homologadas de otro país. Los académicos, en cuanto profesores de carrera, somos funcionarios, asalariados, con todas las consecuencias; en cuanto investigadores, se supone que actuamos como profesionales liberales, diríase, por honorarios. Sin embargo, debido a la figura del profesor-investigador, los honorarios se vuelven factor salarial. Así, entre más reconocimiento tenga la producción de un profesor, más aumentará su salario y, por tanto, esto constituye una amenaza para los gastos de funcionamiento de las universidades. O sea que entre menos reconocimiento por parte de Colciencias, menos egresos para la universidad por remuneración de los profesores, pero también menos ingresos del Estado.
     Como se ve, aquí las lógicas administrativas de Colciencias y del MEN parecen contradecirse pero, finalmente, coinciden en afectar negativamente la financiación estatal de la universidad.
Tenemos una historia, que en Colombia tiene más de 400 años, de relaciones entre la Universidad y el poder. En esta lógica, priman los criterios extraacadémicos frente a los intereses académicos. Esa historia tiene por lo menos tres hitos: frente a la Iglesia, frente al Estado (más exactamente frente la instrumentalización partidista del Estado) y frente al capital.

a) La primera lucha se dio ya en tiempos de la Colonia, cuando el naturalista Mutis tuvo que enfrentar una acusación de herejía proveniente de los dominicos por atreverse a defender el sistema copernicano, que era lo válido en términos científicos, contra la concepción escolástica ptolemaica que todavía defendían éstos, pero quienes además de no tener la competencia académica de Mutis, tenían el poder de otorgar títulos y, en última instancia, de enviar al hereje a la hoguera. En esto, aunque parezca extraño, el científico estuvo acompañado por el virrey de la época, o sea por el Estado.

b) Manuel Ancízar hubo de defender a la Universidad Nacional, en sus primeros años de existencia, contra la intromisión de los gobiernos radicales, los cuales querían convertirla en una fábrica de liberales, no en un centro de formación académica; con ello, la ciencia y el pensamiento filosófico pasaban a segundo plano frente al adoctrinamiento. Desde luego, la historia se repitió pero en sentido contrario a partir de la Regeneración y la hegemonía conservadora, así como durante la Violencia con la restauración conservadora.

c) Hoy la lucha es entre el capital privado y la tradición académica, mediante una intervención disfrazada de tecnocracia, pero que, en realidad, pretende convertir la educación superior en una fuente de ingresos del capital financiero, utilizando la propia universidad privada para tales propósitos, pues no se sabe con qué derecho una de las entidades que debe ser evaluada, como la Universidad de los Andes, es la evaluadora de las demás universidades. La evaluación de la Universidad pública y privada por parte de una universidad privada, que podría parecer autónoma, en realidad es incestuosa, pues se trata de mostrar las ventajas de su propio modelo.

     Tenemos así tres casos de confusión de intereses. Claro que esto es parte de una historia más larga: en Colombia no hay Alma Mater, por tanto, la evaluación académica de las universidades no la han hecho los mismos académicos, sino instituciones externas como la Iglesia, la Secretaría de Gobierno, el Icfes y, ahora, Colciencias y la universidad privada, es decir, el capital. Sin embargo, ¿cómo pedir que otro financie la educación pública, pero que no la evalúe, que no pida cuentas de lo que ocurre, que no quiera ahorrar gastos? Nuestros resultados educativos, ¿son argumentos fuertes ante el gobierno para que le luzca importante financiar la educación pública?


“Los sabios juzgan a los sabios”


     No se puede decir que “El campo científico y académico se conformó bajo la premisa de la Royal Society de Inglaterra”. Podríamos decirlo de la idea de “comunidad académica”, pero no acerca de la idea de “campo científico”, cuya especificidad no tiene que ver con declaraciones explícitas, sino con determinaciones de hecho, muchas veces (¿la mayoría?) distantes de las que declaran los individuos mismos que investigan.
     “Los sabios juzgan a los sabios” es un criterio de campo científico. No para decirle al que no es sabio que no tiene derecho a evaluarlos (eso ya no sería el campo científico, sino el académico), sino porque de hecho solamente el que sabe matemáticas puede saber si el teorema está bien demostrado. En efecto, en relación con Mutis, habría que hablar, de un lado, de sus pares (por el lado del campo científico); y, de otro lado, de sus contrincantes en términos sociales y políticos. Si los dominicos conocieran teóricamente a Ptolomeo, habría habido una discusión, no una acusación de herejía.
Hay que liberarse de la cienciometría, pero ¿cómo? Los académicos reaccionamos porque se nos tocan intereses; los productores de conocimiento podrían, al contrario, estar contentos de que se depure la lista de supuestos investigadores. Si nos evaluaran, no con un formato y sin necesidad de leer, sino leyendo los informes, ¿no nos defenestrarían, ya no por asuntos formales, sino por asuntos propiamente científicos? Como dice Shakespeare: si se castigara a quienes lo merecen, ¿quién se salvaría?
     
Para cerrar, volvamos al principio: el mayor equívoco es el de los académicos que queremos denunciar el modelo de medición del gobierno, pero sin enfrentar el proyecto político al que corresponde. Las agendas personales están cada vez más presentes y nos dan cada vez menos vergüenza.




[1] Es el problema planteado, como ejemplo, por los colegas del grupo de interculturalidad
(http://www.thepetitionsite.com/215/410/230/suspensin-de-la-convocatoria-693-de-colciencias/?taf_id=13366607&cid=fb_na#
), todos ellos con suficiente trayectoria en el campo académico y científico del país.

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