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sábado, 26 de mayo de 2012

¿Cuánto vale la libertad de expresión en Colombia?

Sarmiento Angulo compra El Tiempo

La libertad de expresión y de prensa constituyen derechos civiles y políticos que hacen parte del acervo histórico de la modernidad occidental, al menos desde la Revolución Inglesa de 1888-1889. Es contemporáneo de la defensa de la libertad religiosa que puede rastrearse, quizá explícitamente, desde el Ensayo sobre la tolerancia de John Locke.
Sin embargo, a diferencia de la libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de prensa han devenido, por lo menos desde el siglo XIX, en un derecho económico, más que en uno político y cultural. Ya se sabe que en América Latina la libertad de prensa ha llegado a ser más sinónimo de libertad de empresa. ¿Dónde estaba la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), hoy tan activa contra algunos gobiernos, cuando las dictaduras de Videla y Pinochet eran defendidas por Clarín y El Mercurio, respectivamente? El caso es que estos diarios se sentían a sus anchas haciendo negocios mientras las dictaduras censuraban, lo cual no les importaba.
Así mismo, la libertad de expresión se ha convertido en un derecho casi exclusivo de los dueños de medios. Aunque la Constitución diga, en su artículo 73, que “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional, ¿existe, por ventura, alguna empresa mediática en Colombia en la que los periodistas, es decir, sus empleados, puedan exponer una orientación distinta a la de los propietarios? Un par de respuestas elocuentes a este respecto pueden ser, de un lado, la liquidación de la revista Cambio que los directivos de Casa Editorial El Tiempo decidieron cuando dicha revista empezó a denunciar la corrupción del gobierno de Uribe; y, de otro lado, la expulsión de Claudia López como columnista del diario El Tiempo.
Aun así, aunque fuera como libertad de prensa, es decir, de los medios, y aunque no fuera de los medios sino de los dueños de los medios, por lo menos quedaba algo de ese ideal en el sentido de que las empresas mediáticas eran eso y, por tanto, tenían una cierta ideología y una ética profesional propia dentro de lo que cabe en la economía de mercado, por lo que se esperaba cierta autonomía, incluso en aras del negocio.
Pero siempre ha existido una realidad particular de los medios en Colombia: este es prácticamente el único país en América Latina en el que los medios de comunicación, y especialmente los audiovisuales de señal abierta (Broadcasting), no sólo han estado centralizados, desde el punto de vista de la propiedad, en manos de verdaderos grupos económicos mediáticos, lo cual es también el caso de Argentina, Brasil, México y Venezuela, por mencionar los más representativos, sino que han estado en manos de grupos corporativos ajenos, en su tradición empresarial, a la actividad mediática.
La única excepción que nos quedaba era Casa Editorial El Tiempo, pues si bien era también un grupo económico, por lo menos lo era de medios en toda su historia, que llegó a 100 años en 2011. Este grupo tenía, a nuestro modo de ver, tres grandes problemas para la libertad de expresión, en su versión más simple y convencional:
  1. su carácter oficialista, pues siempre ha fungido como soporte a ultranza del establecimiento, siguiendo la doctrina de Enrique Santos Castillo;
  2. su alianza con un grupo mediático conservador español, que lo llevó a posicionar editorialmente a figuras reconocidas de la extrema derecha legal e ilegal; y
  3. su desempeño económico que llegó a ser utilizado como justificativo para tomar medidas de censura, disfrazadas de reajuste administrativo, como fue el caso de la liquidación de la revista Cambio.
Aún así, era una empresa mediática. Ahora la situación ha cambiado radicalmente.

En el reciente Congreso de Investigadores de la Comunicación (Montevideo, Mayo 2012), era sorprendente ver que en casi todos los países de América Latina hay alguna manera de limitar, no sólo la centralización del capital mediático, sino también la apropiación privada y la participación extranjera. En efecto, grosso modo, existen las siguientes regulaciones:
  • en algunos casos existe la prohibición de que un mismo Grupo mediático concentre la propiedad de varios medios; 
  • en otros casos hay un limitación a la participación extranjera en los medios nacionales;
  • otras veces existen limitaciones a la oferta de paquetes que lleven un servicio ligado a otro (Internet + televisión + telefonía); 
  • también encontramos la prohibición de financiación pública a empresas privadas de medios;
  • así mismo, se da la prohibición de la financiación pública a empresas extranjeras de medios o telecomunicaciones;
  • en otros casos, existe una restricción del acceso del capital a una parte de del espectro electromagnético;
  • finalmente, encontramos la prohibición del control de medios por grupos económicos no mediáticos.

Colombia parece ser el único país en el que no hay ninguna regulación que proteja a la sociedad de los abusos del control del capital sobre los medios de comunicación. Por eso, hemos llegado a la aberrante situación de que el único grupo económico de medios que quedaba en el país[1] (que era el noveno grupo económico hasta inicios del siglo XXI) haya sido literalmente tomado por el segundo grupo financiero, el Grupo Aval, compuesto por cuatro bancos y un fondo de pensiones. Con esto se configura un paisaje en el cual tres de los más grandes grupos económicos del país, controla cada uno un grupo de medios con un medio líder.
Así, con esta adquisición, la Organización Ardila Lülle tiene el primer canal de televisión abierta, pero también la segunda cadena radial; el Grupo Santodomingo se queda con la primera cadena radial, el segundo canal de televisión y el segundo diario del país; mientras tanto, el Grupo Aval queda equipado con el primer diario, el primer portal de Internet y el tercer canal de televisión abierta.
Como pasa con muchos de los derechos consagrados en la Constitución de 1991, el de la libertad de expresión es un derecho por el cual hay que pagar. En efecto, como dice la Carta Magna, todo colombiano tiene derecho a fundar medios de comunicación, pero se olvida de decir: siempre y cuando tenga con qué pagarlos. Aún cuando la misma Constitución dice en su artículo 75 que “para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético”, lo que se ha hecho es justamente lo contrario: garantizar el monopolio a través de la privatización del uso del espectro y su venta al mejor postor. Entonces, ¿cuánto cuesta la libertad de expresión en Colombia?
Algunos datos al azar: los canales privados pagaron cada uno más o menos 350 millones de dólares por la concesión a diez años, incluyendo la inversión en infraestructura. Sarmiento Angulo acaba de pagar 428 mil millones de pesos (unos 238 millones de dólares) por El Tiempo y sus unidades de negocio, como las llaman ellos. Y es que de eso se trata, de negocios, pues como se puede ver en la tabla 1, los ingresos de las empresas mediáticas en relación con los ingresos totales de los tres grupos en mención no son nada despreciables.
Se podría decir entonces, a juzgar por los ingresos que controlan las cinco o seis empresas mediáticas más grandes del país, que la libertad de expresión en Colombia cuesta dos billones de pesos al año, que es lo que controlan estos tres grupos sólo por ingresos de prensa, radio y televisión.

Tabla 1. Grupos Económicos: ingresos totales  y mediáticos

Grupo
Total
ingresos
Ingresos Medios
%
Utilidades
Utilidades
%
Ardila Lülle
6294805
760398
12.1
n.d.
105257

Santodomingo
5081999
725622
14.3
1546498
136850
8.8
Aval
2073297
519905
25.1
1250000
68932
5.5

Fuente: Elaboración con base en Semana (2012) y La República (2012).

Pero la situación es un poco más escandalosa: el nuevo propietario de El Tiempo ocupa el puesto número 64 entre los más ricos del mundo, con una fortuna personal estimada en más de 12 mil millones de dólares. Aun con la contundencia de estos datos, todavía cabe la pregunta: ¿para qué quiere un hombre con semejante posición y riqueza controlar también la opinión y la información en el país? Aquí la respuesta es casi obvia: es la política, o sea la legitimación del poder.


Bibliografía

Bonilla, Edna y González, Jorge Iván (2004). Regulación y concesiones en la televisión colombiana: destellos y sombras. Bogotá: Comisión Nacional de Televisión, CID.
Bonilla, Jorge Iván & Narváez, Ancízar, “The media in Colombia: Beyond Violence and a Market-Driven Economy”, in Lugo, Jairo (Editor), The Media in Latin America, Glasgow, Open University Press and McGraw Hill, 2008, pp. 78-99. ISBN 9780335222018
La República (2012). Las cinco mil empresas. Especial, Bogotá, abril.
Narváez, Ancízar. El péndulo de los medios: de la libertad de expresión a la gobernabilidad. En: Gomes, Pedro G. y Brittos, Valerio C. Comunicaçao e Gobernabilidade Na América Latina. Sao Leopolodo, Brasil: Editora UNISINOS, 2008. Pp.105-130. ISBN: 978-85-7431-320-7
Semana (2012). Las cien empresas más grandes de Colombia. Bogotá, abril 30 a mayo 7. Edición nº 1565.
Silva Colmenares, Julio (2003). El gran capital en Colombia. Proyección al siglo XXI. Bogotá: Planeta.


[1] Quedan dos grupos mediáticos: Publicaciones Semana y El Colombiano S.A., pero son básicamente de publicaciones escritas.

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