Medios y TLC: Cuotas de pantalla y cuotas de ganancia

Después de haber contribuido devotamente a crear la idea —y de extenderla entre la población colombiana— de que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos era lo más parecido al paraíso económico para Colombia, confiados en la promesa, hecha por el gobierno, de que no se harían concesiones en materia de cuotas de pantalla en la programación televisiva, los empresarios de la televisión en Colombia, de repente, se despertaron con la certeza —y la están expandiendo por todos los espacios posibles— de que el TLC era lo más parecido al infierno.

El sorpresivo viraje no es tan sorpresivo si se considera que los empresarios de los medios son sobre todo eso: empresarios... y, en Colombia, como caso excepcional, son empresarios de otras ramas que, además, pueden invertir en medios de comunicación. Y, como empresarios, sus intereses no están puestos en algo tan poco contable como la nación o la identidad colombiana, sino en el mercado.

Desde que existe la televisión privada en Colombia (1998), los dos canales privados han colonizado algo más del 80% de la audiencia, con lo que se convierten en duopolio del ramo; en este período han quebrado a los canales públicos y han defendido la maniobra fraudulenta mediante la cual un consultor privado, contratado por el presidente, dictaminó que Inravisión —la empresa estatal que tenía el control de la infraestructura técnica de la radio y la televisión colombianas— era inviable en manos del Estado, pero que era viable si se le concedía la explotación de dicha infraestructura al mismo consultor, ahora empresario de radio televisión. Pero el asunto no para ahí. Un estudio reciente de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), realizado por la Universidad Nacional, demostró que los canales privados tienen tarifas reducidas de publicidad para las empresas del mismo grupo económico, con lo cual no sólo hacen competencia desleal a otros medios, sino que permiten, a los grupos corporativos a los que pertenecen, hacer competencia desleal en otros sectores de la economía. Como si esto fuera poco, los canales privados demandan a la CNTV por los ingresos dejados de percibir, debido a las tarifas preferenciales. Es decir: no sólo tienen todas las ganancias del mercado, sino que ahora reclaman subsidios del Estado.

Los empresarios de la televisión no han contribuido en sus espacios a abrir el debate sobre las implicaciones del TLC en materia de pérdida de empleos y de empresas agrícolas, ni sobre las implicaciones en materia de vidas humanas que traería consigo la protección del derecho de propiedad intelectual y la prohibición de producir medicamentos genéricos a bajo costo para los más pobres, para no hablar de la quiebra de los laboratorios y la pérdida de empleos. Su actitud “democrática” tampoco les ha permitido cubrir las protestas que hacen los trabajadores y las organizaciones sociales —a no ser para tratarlas de “terroristas”— contra la firma de dicho tratado en las condiciones de postración en que está “negociando” el actual gobierno. Desde luego, tampoco defendiendo el derecho de los trabajadores a la protesta y a defender su propio empleo. Ni siquiera han dado cuenta de la represión ejercida contra los indígenas que reivindican su derecho (reconocido por la Constitución) a organizar su vida comunitaria con base en sus tradiciones culturales, al margen del conflicto armado y en posesión de su tierra ancestral. Mucho menos hemos visto información (ya no una postura) sobre la fumigación de los parques nacionales, de los cultivos de pancoger de los campesinos o sobre las violaciones de la soberanía a manos de militares norteamericanos desplegados en Colombia como si fuera su propio territorio.

Pero, ahora que el gobierno ha dicho que negociará la cuota de pantalla existente, la cual está fijada en un 70% de producción nacional en el horario triple A, los empresarios de los medios recordaron que existía una nación, que existían empresas nacionales, que existían trabajadores que vivían de su trabajo y a quienes seguramente van a despedir bajo el amparo de los recortes en la producción; en fin, se acordaron de que había hasta una identidad nacional reflejada, según ellos, en sus realities y en sus telenovelas.

Este súbito despertar de los empresarios tiene explicaciones más prosaicas que su sensibilidad social hacia los trabajadores, o que su sensibilidad patriótica hacia los valores culturales y la identidad nacional. Lo que está de por medio es un negocio que arroja 16 mil 074 millones de pesos en utilidades netas en 2003 y 12 mil 863 millones de pesos en 2004. Aunque esta es una cifra importante para cualquier empresa, resulta pálida ante los más de 550 mil millones de utilidades de la primera empresa financiera del país. Es decir, las dos empresas televisivas privadas del país mueven en ventas algo menos de lo que obtiene en utilidades la primera empresa financiera.

Aquí queda maltrecho otro mito propagandístico: el de que la televisión es un sector estratégico. En primer lugar, un negocio que mueve menos del 0.3% del PIB anual, no puede considerarse una actividad estratégica económicamente: con ella o sin ella la economía no se afecta siquiera en el crecimiento anual. Y es que lo estratégico en telecomunicaciones no es la producción y la difusión de productos mediáticos, de soft ware, sino la infraestructura y la producción de tecnología es decir las redes y el hard ware; y en esto las empresas colombianas no tienen la intención de invertir en investigación y desarrollo, sino en compra y adaptación. Es decir, siendo que lo estratégico es Telecom e Inravisión, ahora nos quieren convencer de que RCN y Caracol son las que deben ser salvadas y no las primeras.

Entonces, ¿cuál puede ser el interés del capital de mantenerse en un negocio poco rentable y poco estratégico económicamente? No olvidemos que, más allá de la utilidad inmediata, está en juego la reproducción del modelo económico que le permite al capital apropiarse de la televisión como negocio y sacarlo del ámbito del servicio público; teniendo el control sobre los medios, los grupos económicos mantienen una manera de legitimar el modelo económico que les permite incrementar ganancias en otras actividades económicas.

Siendo así, no hay que hacerse muchas ilusiones sobre la posición patriótica de los grupos económicos que controlan los canales de televisión: si la importación de enlatados les repone las ganancias dejadas de percibir por la producción nacional, se convierten en meros transmisores o programadores; o, simplemente abandonan el negocio, mientras haya gobiernos y otros empresarios que mantengan la promoción del modelo de sociedad que les permite mantenerse como monopolios en la economía colombiana.

En otras palabras, los empresarios pueden migrar de actividad, pueden cubrirse sus ganancias, pueden metamorfosearse. Mientras tanto, los que sí sufrirán todos los rigores del TLC son los que realmente producen, los que tienen identidad y generan valores culturales, es decir, los creadores, los actores, los realizadores colombianos, los técnicos... en una palabra, los trabajadores, como siempre ocurre en todos los ajustes de cuentas del capital. Y, desde luego, pierde el pueblo colombiano en todo lo relacionado con derechos sociales y culturales.